Como consecuencia de la situación generada por la pandemia del COVID- 19, son muchos los contratos que tienen que modificarse o resolverse por resultar imposible la ejecución de la obligación, o cuyo cumplimiento implica un desequilibrio o de excesiva onerosidad para una de las partes.  

El principio general “pacta sunt servanda” respecto al cumplimiento de los contratos, lo encontramos en el artículo 1.091 del Código Civil que dispone que: 

“Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Asimismo, el art 1.258 que establece que “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obliga no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, el uso y a la ley”.

No obstante, existen ciertas circunstancias totalmente imprevisibles e importantes que alteran sustancialmente el marco en el que se firmó el contrato y que de haberlas podido prever seguramente no se habría firmado, o se habría realizado con otros pactos.

Para poner remedio a estas situaciones, limitando por tanto el mandato general, los Tribunales vienen aplicando el principio “Rebus Sic Standibus”  el cual permite flexibilizar lo pactado cuando se den las siguientes circunstancias:

  1. Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato respecto a las existentes al tiempo de su celebración.
  2. Una desproporción considerable entre las prestaciones de las partes contratantes que hace imposible su cumplimiento o de difícil ejecución.

¿En qué casos se aplica?:

Es esencial una revisión pormenorizada de cada contrato para valorar la aplicación o no de este principio, pero de manera general se aplicará en los contratos de larga duración, o de tracto sucesivo. La jurisprudencia también admite su aplicación para aquellos contratos cuya ejecución es diferida, es decir, donde la prestación debe cumplirse transcurrido un plazo.

No obstante, no será aplicable para contratos de corta duración al entender que cualquier riesgo propio debía haberse previsto y quedar amparado en el mismo contrato.

Es importante señalar, atendiendo a la jurisprudencia, el deber de negociar de buena fe de las partes, partiendo de que en derecho internacional lo entienden como requisito para exigir la aplicación judicial de este principio Rebus Sic Standibus.

¿Qué ocurre cuando no se establece la cláusula de fuerza mayor en el contrato? 

Deberá atenderse a lo dispuesto en la ley. Nuestro Código Civil establece en su artículo 1105 que:

 “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables” . El artículo 1184 del mismo código establece que “quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible”.

Por lo tanto, atendiendo a la ley nadie será responsable si no puede cumplir las obligaciones de un contrato por encontrarse ante “sucesos que no hubieran podido preverse o fueran inevitables”, excepto que la ley o el propio contrato así lo prevean.

Hay que tener en cuenta que la aplicación de esta cláusula deberá resolverse caso por caso, ya que dependerá del sector económico que se vea afectado y las circunstancias concretas, las cuales deberán valorarse de manera pormenorizada junto con la correspondiente documentación.