Ya es habitual que los Tribunales estimen como intromisión ilegítima contra el derecho al honor la inclusión de los datos de un usuario en los Registros de morosos por parte de las compañías telefónicas.

Un ejemplo es la sentencia actual del Tribunal Supremo que condena a Vodafone a indemnizar a un usuario por importe de  10.000 euros por haber estado 300 días en dicho registro, y que le impidió  poder contratar el ADSL.

Lamentablemente es práctica habitual que estas compañías presionen a clientes a pagar cantidades no debidas o excesivas a cambio de no incluirlas en ningún registro de morosos y a no demandarles . No obstante todo esto forma parte de una deplorable estrategia de las operadoras -en ocasiones tipificable en nuestro Código Penal además de atentar contra el honor- para poder cobrar cantidades de dinero que a priori, saben que no son exigibles pero que realmente son efectivas ya que muchos usuarios, sea por ignorancia o por temor a involucrarse en un pleito, ceden a este tipo de pretensiones.